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CÓDIGO PENAL

El CGPJ estudiará su informe sobre el Código Penal de Gallardón en un Pleno extraordinario el día 16

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado solicitar del Ministerio de Justicia una prórroga de 15 días para poder seguir analizando la ponencia elaborada por la vocal Margarita Robles que duda de la constitucionalidad de algunas medidas del nuevo Código Penal. Tienen previsto estudiar su informe al Anteproyecto en Pleno extraordinario el próximo 16 de enero.

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Sedel del CGPJ

Los cinco vocales de la Comisión de Estudios prevén concluir su análisis el próximo 8 de enero, que es el día para el que han fijado una nueva reunión, y a partir de entonces las valoraciones deberán ser sometidas a debate por el Pleno que integran 20 consejeros presididos por Gonzalo Moliner.

Entre otros aspectos de la reforma, el proyecto de informe del CGPJ aborda la prisión permanente revisable, una pena inédita en el ordenamiento español y que se aplicará a los delitos más graves, como son homicidios terroristas.

Según la ponencia de Robles, "resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable, en un ámbito estrictamente interno", con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución.

La ponencia de Margarita Robles también pone pegas a otra de las medidas de seguridad que introduce el nuevo Código Penal como es la custodia de seguridad al advertir de su "cuestionable inconstitucionalidad, como así lo han declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional alemán, país de origen de esta medida".

Añade que es "especialmente significativa" la ausencia de controles claros para su ejecución y seguimiento así como el hecho de que se pueda cumplir en un centro penitenciario, "como si de una pena se tratase".

La custodia de seguridad es una medida que, de aprobarse, se aplicaría en casos excepcionales cuando el condenado haya cumplido la pena de prisión y un tribunal valore que se mantiene la peligrosidad. La custodia de seguridad tiene una duración máxima de diez años aunque podrá ponerse fin si desaparecen las circunstancias que la hacían necesaria.

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