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LEY DE EXTRANJERÍA

El CGAE propone mejoras en el Reglamento de Extranjería que garanticen los derechos de los menores extranjeros

La Abogacía destaca el trabajo realizado por la Secretaría de Estado de Inmigración en la elaboración del Reglamento, si bien sigue mostrando su preocupación por aspectos como el derecho de defensa, la asistencia letrada y la Justicia Gratuita.

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El Consejo General de la Abogacía Española solicita al Gobierno que garantice "la asistencia letrada independiente de los menores no acompañados desde el momento de su localización y a lo largo de todo el procedimiento de repatriación, incluyendo el proceso de determinación de la edad y protección por desamparo", en el Informe que la Subcomisión de Extranjería del CGAE ha elaborado sobre el borrador del Reglamento de Extranjería y que ha sido enviado al Ministerio de Trabajo, Inmigración y Emigración.

Los expertos de extranjería del CGAE se muestran "contrarios a penalizar a un menor hijo de residentes legales con dos años de residencia irregular" tal y como recoge el actual borrador del Reglamento de Extranjería, y apuntan que este periodo de carencia "debe ser eliminado o al menos disminuido", ya que "una anormal actuación de los padres, por respeto del interés superior del menor, no debe repercutir en los derechos del mismo", señalan.

No obstante, la Abogacía resalta el importante trabajo realizado por la Secretaría de Estado en la elaboración del Reglamento de Extranjería que aporta diversas mejoras, entre ellas una mayor regulación de la colaboración entre Administraciones, la inclusión de mecanismos que simplifican trámites burocráticos y tienden a dotar de una mayor estabilidad a las autorizaciones de residencia y trabajo. Además, también se apunta "una mejor definición de menor no acompañado y los aspectos relativos al procedimiento de determinación de la edad bajo la dirección del Ministerio Fiscal", si bien los expertos del CGAE también proponen que dicha determinación de la edad "deberá hacerse de conformidad con su documentación y en caso de duda, pese a que pueda iniciarse otros procedimientos adicionales en averiguación de la edad, prevalecerá la presunción iuris tantum de minoridad".

El CGAE presenta este informe tras la reunión mantenida la semana pasada entre su presidente, Carlos Carnicer, y la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, en la que la secretaria se comprometió a examinar con todo detalle las cuestiones planteadas por la Abogacía Española y que han sido recogidas en el informe presentado al Ministerio.

TEMAS DESTACADOS

La Abogacía muestra en su Informe su especial preocupación por algunos aspectos del Reglamento relacionados con el derecho de defensa, la asistencia letrada y la Justicia Gratuita. En este sentido, el texto remitido por el CGAE al Ministerio de Trabajo, Inmigración y Emigración recoge la necesidad de garantizar la "asistencia letrada en todas las fases de los procedimientos administrativos que conlleven privación de libertad u audiencia personal (particularmente en los procedimientos de denegación de entrada, devoluciones y procedimientos sancionadores preferentes u ordinarios). Asimismo en lo supuestos de repatriación de menores y trata de personas". El informe insiste también en que el procedimiento preferente de expulsión "deberá quedar limitado a los supuestos más graves, no en los casos de mera estancia irregular".

Además, el informe del CGAE recoge anotaciones al texto del Reglamento de Extranjería en temas como las situaciones jurídicas derivadas de la irregularidad sobrevenida; el procedimiento de arraigo laboral y familiar como vías de acceso excepcional a la autorización de residencia y trabajo; la migración circular y retorno voluntario; renovación de las autorizaciones y residencias de larga duración. La regulación de las situaciones de colectivos vulnerables, como menores, mujeres víctimas de violencia de género o abusos sexuales, trata y refugiados se examina con detalle buscando la máxima protección de estos grupos de personas, mientras que las garantías jurídicas en los procedimientos sancionadores son analizadas especialmente tratando de dotarles de la máxima seguridad jurídica.

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