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Economía/Laboral

El CES apoya el anteproyecto de reforma de la Inspección de Trabajo y pide colaboración a las CC.AA.

El Consejo Económico y Social (CES) ha emitido un dictamen favorable tras analizar el anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero ha advertido de que será necesario una "alto grado de lealtad y colaboración" entre las administraciones central y autonómicas para su desarrollo.
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El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, presentó en el Consejo de Ministros del pasado 29 de abril el informe sobre el anteproyecto de Ley de esta reforma, en el que, entre otras cosas, se apuesta por reforzar la Inspección de Trabajo con la creación de una nueva escala de subinspectores especializados en seguridad y salud y por la adaptación de la organización a los traspasos de las comunidades autónomas.

Así, la reforma apuesta por dotar a la inspección de mayor capacidad de lucha contra el fraude, con mejores medios tecnológicos y reforzando la cooperación multilateral a través de una Conferencia Sectorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de la cooperación bilateral entre la Administración General del Estado y la administración autonómica en cada territorio.

Una de las medidas también incluidas en el informe es la creación de un órgano específico de participación de las comunidades autónomas en la dirección del sistema, denominado Autoridad General, que permitirá integrar a estos territorios en el proceso de toma de decisiones respecto de las cuestiones esenciales del sistema en su conjunto.

El dictamen del CES considera que un anteproyecto con estos objetivos y fines resulta "oportuno y necesario". También ve "adecuados" en líneas generales los instrumentos y ajustes que se incluyen en el anteproyecto.

LA COLABORACIÓN NECESARIA.

Sin embargo, advierte de que será preciso para su buen funcionamiento un "alto grado de entendimiento, colaboración y lealtad institucional de las administraciones públicas competentes".

El CES entiende que hubiera sido deseable que la reforma de la Ley, precisamente por los objetivos principales que la inspiran, y fundamentalmente el de adecuación, hubiera precedido en el tiempo al traspaso de funciones, servicios y los funcionarios de los cuerpos correspondientes a las comunidades autónomas.

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