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JUSTICIA

El CEAJ expresa su "absoluto rechazo" a las tasas judiciales de Gallardón

La Confederación Española de Abogados Jóvenes señala que la implantación de las tasas reguladas en el proyecto de ley anunciado por el Gobierno -ahora en tramitación parlamentaria-, es una "medida disuasoria" que obligará a muchos ciudadanos a "renunciar a la defensa de sus legítimos derechos e intereses ante los tribunales".

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La Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) ha emitido un comunicado expresando su rechazo del proyecto de ley de tasas judiciales del Gobierno en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que se encuentra en tramitación parlamentaria.

Dicho proyecto- según el escrito remitido por el CEAJ- revisa las tasas judiciales reguladas en la Ley 53/2002, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ampliándose sustancialmente los hechos imponibles (pues se extiende a la interposición de demanda o recurso de los distintos procesos previstos en el orden civil y en el contencioso administrativo, así como a la interposición de los recursos de apelación y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo y de los recursos de suplicación y de casación en el orden social), así como los sujetos pasivos.

Según los Abogados Jóvenes, esta situación "no sólo afectará a las personas jurídicas, como ocurre ahora, sino también a las personas físicas, y prevé una abusiva subida de las tasas judiciales, lo que limitará, dificultará y, en muchos casos, impedirá de forma manifiesta el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial de sus intereses, dejando la Justicia sólo al alcance de unos pocos, contraviniéndose las previsiones de los artículos 14, 24.1 y 119 de la Constitución".

El CEAJ expone que existen otras fórmulas para evitar la saturación de asuntos en el juzgado, como el fomento de las vías de solución extrajudicial de los conflictos y la desjudicialización de asuntos menores, "pero siempre con acuerdo de todos los sectores afectados y sin que suponga la merma o vulneración de derechos de los ciudadanos", señala.

Por último, afirma que "la implantación de tasas judiciales es una medida disuasoria que favorece a los que más recursos económicos tienen en detrimento de los menos pudientes, que se verán obligados a renunciar a la defensa de sus legítimos derechos e intereses ante los tribunales, con la consiguiente desigualdad que se creará entre los ciudadanos", concluye.

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