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Economía-Laboral

CC.OO y UGT celebran el auto de la Audiencia y creen que podría acabar afectando a 425.000 empleados públicos

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. (FSC) y la Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) han celebrado el auto emitido por la Audiencia Nacional en el que plantea formalmente cuestión de inconstitucionalidad sobre el decreto antidéficit que ha causado el recorte de los salarios de los empleados públicos de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT) en un 5%.
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Aunque el auto dictado por la Audiencia se refiere exclusivamente al ámbito de la FNMT, los sindicatos entienden que podría acabar afectando a otros organismos del sector público si finalmente se declara inconstitucional el recorte salarial a los empleados públicos.

Así, CC.OO. ha asegurado que una eventual declaración de inconstitucionalidad podría afectar, de manera casi directa, a las más de 425.000 personas asalariadas en sociedades mercantiles, agencias y entes del sector público en sus diferentes ámbitos (estatal, autonómico o local).

De hecho, CC.OO. ha precisado que se han celebrado hasta la fecha las demandas correspondientes a Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, entre otros, siendo "previsible" que generen autos de similar contenido a éste.

Igualmente, CC.OO. entiende que los elementos de fondo que hacen a la Sala cuestionar la constitucionalidad de dichos artículos del decreto antidéficit serían también de aplicación al más de un millón de empleados públicos sometidos a régimen laboral en las administraciones públicas y sus organismos autónomos. En total, más del 45% del conjunto del empleo del sector público.

En la misma línea, UGT señala que, aunque esta resolución del tribunal se refiere a la FNMT, podría afectar a otros conflictos colectivos promovidos por su sindicato y actualmente pendientes de juicio, entre los que cita los del Banco de España, algunas mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y Canal Sur.

UGT, "sin prejuzgar la resolución final sobre este conflicto colectivo", valora que la Audiencia Nacional haya respaldado los argumentos esgrimidos por las centrales sindicales al entender que el decreto podría vulnerar el contenido esencial del derecho de libertad sindical en lo concerniente al derecho de negociación colectiva.

Por último, los sindicatos han hecho un llamamiento al nuevo Gobierno, y especialmente al vicepresidente tercero, Manuel Chaves, recientemente nombrado responsable de la Función Pública, a que rectifiquen ya su política de vulneración de pactos y acuerdos firmados y retomen la vía del diálogo y la negociación.

En este sentido, las centrales han pedido que se restituya el acuerdo Gobierno-sindicatos para la Función Pública firmado el pasado 25 de septiembre de 2009, y que el Ejecutivo rompió al recortar el salario de los empleados públicos.

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