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MEDIO AMBIENTE

Bruselas insiste en que no tiene competencias para intervenir en la Ley de costas española

La Comisión Europea ha insistido en el Parlamento Europeo que no tiene competencias para intervenir en la Ley de costas españolas, cuya aplicación e impacto sobre el derecho de propiedad ha sido denunciado por un gran número de ciudadanos españoles, británicos, alemanes, holandeses, franceses y austríacos ante las instituciones europeas.
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Playa,arena,costa

La comisión de Peticiones de la Eurocámara ha examinado más de 40 quejas que afectan principalmente a Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia, Cataluña, País Vasco y Andalucía.

Bruselas insiste en que "no es competente" en este caso porque se trata de una ley estatal que no afecta a ninguna normativa comunitaria, si bien ha matizado que mantendrá "contactos" con las autoridades españolas para tratar de encontrar una solución al problema, dado el elevado número de quejas que reciben. "La Comisión Europea no ve que pueda aplicarse en este caso la normativa de la UE", ha dicho un representante del Ejecutivo comunitario.

Varios peticionarios, secundados por algunos eurodiputados, han denunciado que la Ley de costas también atenta contra los Derechos Humanos de los propietarios de los terrenos expropiados bajo esta ley, con lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sí tendría competencias.

A este respecto, el representante de los servicios de la Comisión ha explicado que Bruselas "no ha encontrado este tipo de discriminación", pero seguirá en contacto con las autoridades españolas.

La Comisión de Peticiones, por su parte, ha decidido aplazar su decisión sobre el caso a la próxima reunión de coordinadores de los grupos políticos --que tendrá lugar el 14 de junio--, donde estudiarán las posibles respuestas, incluida la opción de realizar un nuevo informe sobre la Ley de costas.

La Eurocámara ya aprobó en 2009 un informe de la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken en el que se pedía la congelación de los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos europeos.

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