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DISCAPACIDAD

El BOE publica la adaptación normativa de la Convención de la ONU sobre discapacidad

El BOE publica la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se obligará a las comunidades de vecinos a sufragar las obras de adaptación de accesibilidad para los discapacitados.

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La Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad obliga a las comunidades de vecinos donde viva o trabaje una persona con discapacidad a realizar las obras para hacer accesible el inmueble y financiarlas hasta un importe equivalente a 12 meses de la cuota ordinaria de gastos comunes.

En la actualidad, el máximo que tenían que aportar era tres meses de recibo de la comunidad.En la votación en la Cámara Baja se han rechazado las enmiendas remitidas desde el Senado al artículo 10 así como al apartado dos del artículo 17. De este modo, se ha aprobado reconocer las lenguas de signos españoles y regular los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, con el objetivo de facilitar el acceso de estos colectivos a las telecomunicaciones y a los medios de comunicación social.

4% DE VIVIENDAS ACCESIBLES

El texto remitido por el Senado se planteaba una enmienda al artículo 19, en materia de vivienda, que también ha sido aprobada, por la cual en la Integración Social de los Minusválidos, se rebaja la reserva al 4% (antes entre el 3% y el 6%) de las viviendas accesibles para personas con discapacidad en las promociones de viviendas protegidas.

En el caso de que dichas viviendas sean destinadas al alquiler, han acordado que podrán adjudicarse a personas con discapacidad, individualmente consideradas o a entidades asociativas sin ánimo de lucro integradas en el sector de la discapacidad. Además, se ha aprobado una disposición adicional nueva en la que se establece la obligación para la Administración General del Estado de poner en marcha líneas de ayuda en el marco de las políticas oficiales de promoción de vivienda.

Respecto al texto, el Senado planteó la mejora de elevar hasta el 7% de personas con discapacidad.

EMPLEOS RESERVADOS

Las enmiendas que han mejorado la Ley son el aumento hasta el 7% las plazas para discapacidad en oferta de empleo público, al menos el 2% para discapacidad intelectual, el 2% para discapacitados en empresas de más de 50 trabajadores.

En ese sentido, otra de las enmiendas aprobadas por el Congreso es la realizada al apartado uno del artículo 17, por la que en los Contratos del Sector público, los licitadores cuenten con un 2% de trabajadores con discapacidad. Sin embargo, ha sido rechazada la enmienda correspondiente al apartado dos del mismo artículo, en la que se establecía la obligación a las administraciones públicas de la reserva de un 5% de adjudicación de los contratos para centros de empelo de personas con discapacidad.

Además, el Congreso ha aprobado una enmienda del Senado a la disposición adicional sexta que establece un plazo de 12 meses para que el Gobierno presente las mencionadas medidas y que establece la previsión de desarrollo reglamentario de las mismas, incluida la determinación del grado mínimo de discapacidad requerido.

Igualmente, mediante la aprobación de la enmienda 19 del grupo popular de la Cámara alta que incluía una disposición adicional nueva, se "impone" al Gobierno la obligación de elaborar un proyecto de ley que adapte lo previsto en el ordenamiento jurídico español sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, al principio de igualdad. Este proyecto, a su vez, habrá de remitirse en un año a las Cortes Generales para su tramitación.

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