Los Jueces Centrales de Instrucción han mostrado su oposición a la obra de la Audiencia Nacional porque, dicen, costará cerca de 40 millones de euros. Además, han pedido que se acometan "exclusivamente" las mínimas obras que garanticen la seguridad e higiene en el trabajo.
Los magistrados sostienen en un comunicado que la duración de las obras se puede prolongar durante dos años en la actual sede ubicada en la madrileña calle Génova. "Hay que tener en cuanta que el presupuesto para la construcción del nuevo edificio se ha estimado en 40 millones de euros", dicen.
Advierten de que se generarán "múltiples" gastos y dietas por razón de los traslados al edificio de San Fernando de Henares y al edificio de la calle Prim de Madrid, un inmueble que se encuentra alquilado por el Ministerio de Justicia y que "habrá que seguir abonando en tanto se ejecuten las obras del nuevo edificio".
Contraponen estos gastos y dietas con el Decreto-Ley de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad aprobado por el Gobierno que establece que "la actual coyuntura económica y la necesidad de reducir el déficit público sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales hace necesario mejorar la eficiencia" en el uso de recursos de las Administraciones Públicas.
Los instructores ponen de relieve que el actual edificio de la Audiencia Nacional ha permitido desarrollar "adecuadamente" el trabajo de los juzgados y que éste mejorará "sensiblemente" con la inminente entrada en vigor del expediente judicial.
Transporte público "inexistente"
La Junta de Jueces de lo Penal celebrada el pasado 6 de julio ya denunció los "graves problemas" que los traslados generarían ante la "clara deficiencia" de las instalaciones del edificio de la calle Prim, donde la Comisaría de Policía no podría prestar la "seguridad oportuna".
Durante la ejecución de las obras, la Sala de lo Penal, los Juzgados y la Fiscalía serán traslados a las dependencias que antes ocupaba la Sala de lo Contencioso-Administrativo en la calle Prim, siendo necesarios "multitud" de desplazamientos al edificio de San Fernando de Henares para la celebración de juicios, comparecencias o guardias.
Los viajes supondrán "graves pérdidas de tiempo". La sede se encuentra situada a unos 15 kilómetros de Madrid y es "inexistente" el transporte público para llegar a ella.
