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Oficina de Apoyo a las Víctimas

La Audiencia Nacional pide a Justicia medios humanos y técnicos para reforzar la Oficina de Apoyo a las Víctimas

El CGPJ aprueba la firma de un convenio con el Gobierno Vasco para financiar la mejora de esta Oficina hasta finales de 2012
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La Audiencia Nacional negocia con el Ministerio de Justicia la ampliación del número de funcionarios asignados a la Oficina de Apoyo de la Víctimas y la implantación de medios informáticos que permitan controlar el estado de las condenas de terroristas con el fin de facilitar a los afectados información precisa y actualizada, informaron a Europa Press fuentes de la Audiencia Nacional.

Según estas fuentes, la Oficina cuenta en la actualidad con un único funcionario que no podría asumir adecuadamente las funciones recogidas en la reforma del Código Penal que establecen que este departamento facilite información sobre el estado de los procedimientos que afecten a las víctimas y acceso a los recursos económicos, técnicos y psicológicos que éstas puedan requerir.

Con objeto de asumir estas funciones de forma correcta, la Audiencia Nacional ya ha solicitado el traslado de otros dos funcionarios a la Oficina, una psicóloga y un trabajador social actualmente dependientes de Vigilancia Penitenciaria, sin obtener por el momento respuesta del Ministerio, según las mismas fuentes.

El tribunal también reclama la implementación de los recursos informáticos necesarios para establecer un sistema de alertas que permitan avisar a los familiares de las víctimas, por ejemplo, de la puesta en libertad y otros cambios penitenciarios que experimenten los terroristas relacionados con sus casos.

CONVENIO CON EL GOBIERNO VASCO

Precisamente este jueves el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado luz verde a la firma de un convenio con el Gobierno vasco cuya finalidad es "desarrollar el mayor esfuerzo posible en la prestación de una atención personalizada y de calidad a las víctimas de acciones terroristas o personas con interés legítimo en los procesos judiciales".

Según el texto de este convenio, la Audiencia nacional se compromete a impulsar las gestiones oportunas para la incorporación a la Oficina de Atención a las Víctimas "en el plazo más breve posible" del personal necesario, que se encargará de "la llevanza de cuantas actuaciones sean necesarias en la atención a aquellas víctimas residentes en el País Vasco".

Por su parte, el departamento vasco de Justicia se comprometerá a "sufragar el coste económico del incremento de personal" requerido desde el momento en el que se produzca la firma de este convenio y hasta la finalización del año 2012.

El nuevo personal de la Oficina para las Víctimas actuará conforme a las pautas que establezca la Audiencia Nacional, si bien será a la Dirección de Derechos Humanos de la Consejería vasca a la que estos funcionarios deban dirigirse para solicitar los medios con que cubrir las necesidades del servicio. Además, semestralmente se enviará un informe al Gobierno Vasco sobre la actividad de la Oficina.

El convenio también prevé que sea la Dirección de Derechos Humanos, dependiente de la Consejería de Justicia del País Vasco, la que se constituya como "entidad certificadora de la condición de víctima o persona con interés legítimo", a fin de remitir las petición de información de modo "directo, rápido y seguro" a la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional.

El convenio expone en su primer punto que la reparación a las víctimas debe ser integral, "sin limitarse a reconocimientos públicos

puntuales o reparaciones meramente económicas".

Por ello, y partiendo de "la inequívoca voluntad de colaboración interinstitucional y tratándose de víctimas de delitos enjuiciados por la Audiencia Nacional", el Gobierno Vasco y el CGPJ considerarán de sumo interés al firmar el convenio y "mejorar la información, atención y acompañamiento a las víctimas de atentados terroristas".

Así, partiendo de la situación actual "y mientras se configura la nueva estructura administrativa de la Audiencia Nacional", se adecua el espacio existente y se finaliza el proceso de informatización de sus expedientes, este convenio busca que "se mejore la atención integral que actualmente se presta a las victimas e interesados legítimos desde su Oficina de Atención a las Víctimas", según señala el texto.

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