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Las dos principales asociaciones de jueces defienden su libertad de expresión ante la reforma de la LOPJ

La Unión Progresistas de Fiscales y Jueces para la Democracia se han opuesto de forma conjunta a la introducción en la reforma de la LOPJ de una regulación legislativa sobre sus valoraciones públicas.

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Maza de juez, sentencia, justicia

El borrador de la LOPJ presentado el pasado mes de febrero plantea, en el tercer precepto de su artículo 45 que "los jueces y las asociaciones judiciales deben abstenerse de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los tribunales y sobre las resoluciones judiciales, si bien podrán hacer comentarios de índole doctrinal o científica en publicaciones o foros especializados".

Las dos principales asociaciones de jueces, de tendencia progresista y conservadora, se oponen a la norma e indican que como ciudadanos, "tienen los mismos derechos y libertades que el resto" y las únicas limitaciones a imponer deben ser las previstas por la Constitución que sólo les impide desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos.

"Ningún otro derecho fundamental tienen limitado en su condición de ciudadanos; por tanto, tampoco el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que no es otro que el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, al igual que no tienen limitado el derecho a participar en asuntos públicos, el sufragio activo, el derecho a su intimidad, honor y propia imagen y, en general, al catálogo de derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución", indican.

Los jueces progresistas y conservadores aseguran que el borrador de la reforma "quiere poner limites a la función asociativa" en lo que constituye "una cortapisa a nuestros derechos como asociados y como ciudadanos".

Las asociaciones rechazan las diligencias informativas abiertas al Teniente Fiscal de Canarias, Don Luis del Río Montedeoca, por unas manifestaciones que el mismo realizó en el transcurso de su intervención en una mesa redonda sobre corrupción celebrada en el seno del Congreso de la Unión Progresista de Fiscales celebrado recientemente en San Sebastián.

"Es imprescindible garantizar las libertades básicas que configuran el ejercicio de los derechos asociativos, para no dejar sin contenido nuestra propia naturaleza como asociaciones, por muy aceradas que puedan ser las críticas a los diferentes poderes o instituciones", concluyen.

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