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La Asociación Profesional de la Magistratura rechaza la reforma de la Ley del Poder Judicial pero no secunda la huelga

Cree que la medida de protesta "no es la más adecuada" en la "crisis institucional" que, a su juicio, atraviesa España.

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La Asociación Profesional de la Magistratura ha expresado este lunes su "rotunda" y "total oposición" al anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Poder Judicial, al que considera una "intromisión política insoportable en el Poder Judicial", pero no secunda la huelga convocada por las restantes asociaciones judiciales porque cree que la medida de protesta "no es la más adecuada" en la actual "crisis institucional" que, a su juicio, atraviesa España.

En un comunicado, la APM ha opinado que el anteproyecto de la reforma constituye un "ataque a la independencia del Poder Judicial" "ante el que no se puede permanecer impasible" y ha reclamado la retirada del anteproyecto "o, al menos, su modificación sustancial" para que sea un "un verdadero instrumento para mejorar la Justicia".

La APM ha mostrado su "profundo respeto" a las decisiones de sus asociados, secunden o no la huelga, y a la adoptada por el resto de las asociaciones judiciales, con las que ha expresado su "voluntad de continuar juntos" en la defensa de los intereses de la carrera judicial y del conjunto de los ciudadanos y ha subrayado su "compromiso sin reservas con la defensa de la independencia judicial".

Ha defendido un poder judicial "independiente y eficaz" para la "garantía real" de los derechos de los ciudadanos y el "adecuado control frente a los abusos de poder".

La APM ha apuntado que la independencia judicial "no es un sentimiento subjetivo del juez, sino el resultado de unas condiciones que el resto de Poderes del Estado han de garantizar" manteniendo una posición de "exquisita neutralidad y objetividad" en los nombramientos dentro de la Carrera Judicial y en el Consejo General del Poder Judicial.

A su juicio, el anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial, en los términos en que viene propuesto, "merma de forma extraordinaria no sólo la independencia" que ha de tener el Poder Judicial, sino también la función de gobierno que la Constitución atribuye al Consejo General del Poder Judicial y "reduce los instrumentos con los que cuenta para garantizar que los jueces puedan realizar su función de manera independiente".

En este sentido, se ha quejado de que, en lugar de la elección de los vocales de procedencia judicial por los propios jueces, la reforma pretende establecer una "elección política sin cortapisas".

Además, ha opinado que este anteproyecto busca "debilitar la independencia y capacidad de decisión" del Consejo General del Poder Judicial al obligar a que la mayor parte de sus vocales desempeñen sus funciones a tiempo parcial, un sistema que, según ha señalado, es "inédito en otros órganos constitucionales y al que nos oponemos frontalmente".

"Resulta altamente inquietante que se pueda simultanear el libre ejercicio de profesiones, como las de abogado y procurador, con el cargo de Vocal del Consejo General del Poder Judicial, ostentando potestades disciplinarias sobre jueces y magistrados que conocerán de sus pleitos en los distintos órganos jurisdiccionales", ha señalado.

También, la APM ha mantenido que la reforma "pretende disminuir" las competencias del Consejo General del Poder Judicial, asumiendo --dice-- "el poder político la regulación de muchas de ellas" y en particular las relativas al desarrollo reglamentario del estatuto judicial.

"Frente a este ataque a la independencia judicial la APM reclama la conservación del actual marco competencial", ha añadido.

Además, considera que la reforma de la regulación del procedimiento disciplinario manifiesta, en su opinión, "aspectos inquisitivos carentes de toda justificación".

"En un Estado Democrático y de Derecho corresponde al Poder Legislativo la aprobación de las leyes, pero es nuestra obligación como Asociación Profesional defender un modelo de Juez en el que la independencia constituya el núcleo de la función de juzgar, así como denunciar ante la sociedad los graves peligros que esta reforma, si se lleva a efecto, ocasionará a la división de poderes, al Estado de Derecho y a los ciudadanos", ha advertido.

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