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ANDALUCÍA

Andalucía respeta la sentencia que le condena por la tardanza de ayudas de la dependencia y niega retrasos deliberados

Apunta que en otras comunidades, donde hay retrasos de hasta tres años, las sentencias son absolutorias y no condenatorias como ésta
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Micaela Navarro Micaela Navarro

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social andaluza, Micaela Navarro, afirma que "respeta" la sentencia que condena a la Administración andaluza a pagar 30.000 euros a la familia de una mujer que falleció en espera de las ayudas previstas en la Ley de Dependencia, pero niega que existan "retrasos deliberados" en este caso por parte de alguna de las tres administraciones que intervienen en el proceso: la estatal, la autonómica y la local.

En este sentido, Navarro, en declaraciones a los medios tras presentar este jueves una nueva campaña del 'Cuidabús' en Sevilla, ha explicado que el procedimiento "no había terminado", apuntando que se trata de un expediente iniciado en 2008, cuando el volumen de solicitudes fue mayor, si bien advierte que "no es ningún tipo de justificación".

La sentencia, que es firme al tratarse de un procedimiento de cuantía inferior a los 30.000 euros, según adelanta este jueves la edición del diario El Mundo, censura la "negligencia, torpeza, desidia y mala administración" de la Junta. Los hechos se remontan al 22 de enero de 2008 cuando la mujer solicitó el reconocimiento de su situación de dependencia para acceder a las prestaciones previstas en la Ley. Nueve meses después, la Delegación provincial de Sevilla de Igualdad y Bienestar reconoció el grado III de gran dependencia, nivel 2, el máximo previsto.

El 10 de diciembre, se remitió el programa individual de atención (PIA) al Servicio de Gestión Económica de Pensiones de la Junta para que se empezará a pagar la correspondiente prestación a la solicitante, que tiene efectos retroactivos por lo que la Junta tendría que abonar desde la presentación de la solicitud. No obstante, la ayuda no llegó a la solicitante porque el 13 de enero de 2009 murió.

SENTENCIAS "CONTRARIAS"

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, a este respecto, ha asegurado que "respeta" la sentencia, pero recuerda que los propios informes jurídicos de la Junta, así como otros fallos que existen en este ámbito "dejan claro que la prestación económica es personal", por lo que son "contrarias" a la conocida hoy.

De otro lado, ha reconocido que le "llama la atención poderosamente que en otras comunidades autónomas, donde hay retrasos de hasta tres y cuatro años, las sentencias que se producen son absolutorias para la Administración pública, y en este caso es condenatoria para la Junta".

Igualmente, ha reiterado su respeto por la sentencia, pero no comparte algunas cuestiones de la misma que entiende que son "puros juicios de valor". "Seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora", ha manifestado.

Por otro lado, Navarro ha asegurado que las razones del retraso "no son cuestiones deliberadas". "Por parte de ninguna de las administraciones que intervienen en el expediente de una persona --la estatal, la autonómica y la local--, no hay la más mínima intención de retrasar el procedimiento", ha apuntado.

Según la consejera, "no todos los expedientes tienen el mismo recorrido o culminan al mismo tiempo, hay que pedir informes a otros organismos y no siempre y todos tardan el mismo tiempo".

EL TIEMPO EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN

En este sentido, ha precisado que en el caso de la Ley de Dependencia, para agilizar trámites y evitar problemas a los usuarios, se firmó acuerdos de protocolo con la Consejería de Salud de la Junta para que no sea el usuario quien tenga que aportar el informe sanitario, sino que sea la Consejería de Igualdad quien lo solicite, "lo que significa que desde que la persona hace la solicitud comienza el plazo a correr, pero en contra de la Administración pública, y si fuera de otra forma, hasta que la persona no completa la documentación los plazos no comienzan a correr".

Por otro lado, la consejera ha reconocido que "probablemente hubiera alguna complicación" en la tramitación de este expediente, que forma parte del volumen "inmenso" del año 2008. Igualmente, ha indicado que "probablemente" haya personas que lleven más de seis meses esperando, pero "en Andalucía se les atiende, sin embargo hay personas en otras comunidades que llevan tres años esperando y no tienen esperanza de que se les vaya a atender".

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