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Economía/Vivienda

El Congreso da luz verde a la subcomisión contra las "prácticas abusivas" en hipotecas

PSOE, PP y CiU recalcan que no busca legislar contra la banca
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La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad crear una subcomisión para estudiar los "elementos de mejora" en el sistema hipotecario español y "en particular" respecto a aquellas condiciones que puedan ser consideradas "abusivas", con la previsión de que pueda iniciar sus trabajos a partir de junio y tener cerrado un paquete de recomendaciones en diciembre.

Los grupos de PSOE, CiU, PNV, ERC-IU-ICV y Mixto han alcanzado un acuerdo, que la próxima semana ratificará el Pleno, para que este nuevo órgano parlamentario finalice sus trabajos en el plazo de seis meses remitiendo el informe que elabore a la Comisión de Vivienda y al Pleno de la Cámara para su aprobación y presentación al Gobierno.

El enunciado de la subcomisión no alude explícitamente a la implantación de un sistema de dación en pago para que los préstamos hipotecarios puedan saldarse sólo con la entrega de la vivienda, si bien la oposición ha anticipado su intención de hacer que el debate "pivote" sobre esta cuestión.

Así, los representantes de PP y ERC-IU-ICV han recordado que en junio de 2010 el Congreso aprobó, con el único voto en contra del PP, una proposición no de ley que exigía al Gobierno que evaluara el impacto económico de aplicar este sistema, para lo que le dio tres meses de plazo.

Sin embargo, después de once meses el Ejecutivo no ha cumplido el mandato de la Cámara, mientras que diversas sentencias judiciales han puesto en cuestión este sistema, también reprobado por diversas iniciativas ciudadanas.

La intención de los grupos es que este informe pueda estar cerrado antes de que acabe el año, ya que la convocatoria de elecciones generales prevista para los primeros meses de 2012 les impediría culminar sus trabajos, por lo que todos los grupos han hecho un llamamiento a la máxima diligencia" en sus trabajos.

EL PP NO VE JUSTO NI PROPORCIONADO EL SISTEMA

Para el portavoz de Vivienda del PP, Pablo Matos, la evolución de la crisis ha puesto en cuestión el sistema hipotecario, y ha asegurado que el PP "no ve justo ni proporcionado" cuestiones como los "elevados intereses de demora" o que la entidad se pueda quedar con la vivienda pagando el 50% de su valor de tasación, mientras el usuario se ve obligado a seguir pagando el otro 50%.

El PP quiere analizar la situación en otros países europeos para contemplar posibles traslaciones a un "sistema muy desproporcionado", como a su juicio es el español. Para ello, quieren escuchar a todos los implicados "con la mente abierta", incluyendo a las entidades financieras. "Sabemos que el sistema está como está y no somos unos irresponsables", ha añadido.

PASIVIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA

Por su parte, la diputada de ICV, Nuria Buenaventura, ha acusado al Gobierno de "dar largas" a la consideración de la vivienda como derecho y le ha exigido que actúe "ante un drama social fomentado por las entidades financieras ante la pasividad del Banco de España". "Lo primero son las personas, no los intereses de una minoría", ha remarcado.

Su compañero de grupo parlamentario y diputado de ERC, Joan Tardá, ha recordado que el plazo de trabajos no debe superar los seis meses, pues al entrar en su recta final la legislatura, se exige "diligencia" para atender "una alarma social que nadie puede esconder".

PSOE Y CIU PIDEN SEGURIDAD JURÍDICA PARA LA BANCA

La socialista Ana Fuentes ha agradecido a PP y ERC-IU-ICV su colaboración al pactar una propuesta conjunta y se ha comprometido a impulsar los trabajos "el máximo posible" y escuchar a "todos los sectores implicados". NO obstante, ha asegurado que el problema debe estudiarse "sin demagogias" y atenerse a la "seguridad jurídica" para el sistema financiera sin caer en "electoralismos".

En la misma línea, el portavoz de Vivienda de CiU, Pere Macías, ha advertido de que las hipotecas suponen el 80% de los créditos vivos, por lo que, junto a la "obligación con los ciudadanos" para evitar la exclusión, hay que garantizar que las reformas permitan que "este importantísimo volumen de deuda esté convenientemente avalado"

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