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ANDALUCÍA

Admitidas a trámite las 159 enmiendas presentadas por los grupos al proyecto de ley de reordenación del sector público

La Mesa de la Comisión de Hacienda y Administración Pública de la Cámara andaluza ha admitido a trámite las 159 enmiendas parciales (PSOE, 32; PP-A, 42, e IULV-CA, 85) presentadas el pasado viernes por los distintos grupos al proyecto de Ley de reordenación del sector público andaluz, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
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El portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, aseguró el viernes que las 32 enmiendas planteadas por el PSOE "desmontan las mentiras y la demagogia" que se han vertido sobre esta normativa durante los últimos meses, al tiempo que ha asegurado que son fruto del diálogo establecido con los grupos políticos, los sindicatos y los agentes sociales.

De las 32 enmiendas, siete se refieren a la exposición de motivos, once a las disposiciones generales y 14 al articulado, mientras se asientan sobre cinco "vectores principales". El primero de ellos consiste en clarificar que los funcionarios de carrera son la "columna vertebral" de la función pública. En segundo lugar, que se garantizan los derechos laborales de todos los "servidores públicos" de Andalucía, quedando claro que "nadie ganará lo que no tenía ni perderá lo que se había ganado".

En tercer lugar cabe destacar que la selección y el acceso del personal de los entes instrumentales de la Administración de la Junta se efectuará mediante convocatoria pública en medios oficiales y con sujeción a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Además, la designación del personal directivo de las agencias atenderá también a estos principios, junto a otros criterios de idoneidad.

El cuarto de los vectores consiste en que la negociación sindical se hará con los sindicatos más representativos, con aquellos que obtengan el respaldo en las elecciones sindicales amparadas en la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Por último, con el fin de obtener una mejor prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, en el mejor desarrollo de la ley, se establecerá la forma de participación pública de las organizaciones representativas de la ciudadanía.

En cuanto a las 42 enmiendas del PP-A, se incluye la derogación de los decretos, el del 27 de julio y el del 23 de noviembre de 2010, que fueron aprobados por el Consejo de Gobierno, para que así se pueda comenzar "de cero" y buscar el consenso con todos los colectivos de funcionarios y empleados públicos.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, explicó que las enmiendas de su partido (24 de supresión, 12 de adición y seis de modificación) son "constructivas" y plantean claramente la alternativa del grupo popular en relación con este asunto, que no se ha podido abordar de "peor" manera por parte del Ejecutivo.

Para el PP-A, la reordenación aprobada por el Consejo de Gobierno no sólo no va a suponer una minoración sustancial del gasto del sector público, sino que "se puede estar lesionando de forma irreversible nuestro ordenamiento constitucional al conculcarse principios y derechos fundamentales, como el derecho a acceder en condiciones de igualdad al empleo público consagrado en nuestra Constitución o el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, al haberse impuesto en su origen sin la preceptiva negociación".

MODELO ALTERNATIVO

Por su parte, el coordinador general de IULV-CA y portavoz parlamentario, Diego Valderas, explicó que las 85 enmiendas su grupo suponen "un modelo alternativo basado en una agencia única en la que se integran todos los organismos".

"Se ha pensado siempre en la administración y nunca en intereses políticos, electorales o sindicales", ha afirmado el líder de IULV-CA, quien ha garantizado que si este modelo no se abre paso durante la tramitación parlamentaria de la normativa, la formación lo incluirá dentro del programa electoral para las próximas autonómicas.

Asimismo, apuntó que se trata de un modelo similar al del conjunto del Estado y que evitará al Gobierno andaluz cualquier camino de judicialización que pudiera abrirse. "Es un modelo que garantiza lo público y que frena en seco cualquier aspecto de privatización de la administración", apostilló Valderas.

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