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LEXNET

Casi medio centenar de abogados intentó ver documentos de otros compañeros tras el fallo de LexNET

Catalá dice que el sistema ha fallado sólo un 0,75% del tiempo total de funcionamiento.

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Rafael Catalá Rafael Catalá

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha revelado este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso que tras conocerse públicamente el fallo del sistema de gestión procesal LexNet del pasado 27 de julio el Ministerio detectó 49 intentos de acceso por parte de profesionales autorizados -como abogados y procuradores- a la información de otros perfiles, "todos ellos infructuosos y perfectamente identificados".

Estos intentos de acceso irregular a documentos judiciales se produjeron durante las 16 horas posteriores a que se hiciera público el fallo en el sistema, lo que el ministro ha calificado de "grave".

"Es decir, 49 profesionales de la Justicia, con nombres y apellidos, intentaron acceder a buzones de otros compañeros, conscientes de que esto no es ético ni legal, y sabiendo, además, que el problema había sido ya resuelto por el Ministerio", ha explicado.

A lo largo de su comparecencia, Catalá ha defendido la eficiencia y seguridad del sistema LexNET --obligatorio para tramitar los documentos judiciales desde enero de 2016--, insistiendo en que es manifiestamente mejorable y que en ello se sigue trabajando desde su departamento.

No obstante, ha negado que el fallo del pasado 27 de julio, que produjo una parada de casi 52 horas en el sistema, dejara expuestos a cualquiera millones de documentos judiciales a través de Internet.

El titular de Justicia ha comparecido para explicar esta incidencia a petición de varios grupos parlamentarios, y que consistió en un error de programación del software que permitía en principio que un profesional de la Justicia podía acceder, bajo determinadas circunstancias muy concretas, al buzón de otro profesional.

"Por decirlo con otras palabras, durante un tiempo volvimos, en cierta forma, al sistema de papel tradicional, donde en las salas de procuradores las notificaciones se depositan en los casilleros", ha añadido el ministro, insistiendo en que ello no quiso decir que cualquier procurador o abogado pudiera ver la información de otro entrando de forma normal en su perfil.

Para haber logrado dicho objetivo, había que dar una serie de pasos "que no están al alcance de cualquier usuario medio", ya que dicha persona tendría que acceder previamente al sistema autenticándose con su certificado y posteriormente modificar la URL de acceso a su buzón, un número de diez dígitos en el cual hay un código de cuatro que indica el número de buzón.

"Ciberguerra"

"Esto no es un juego, ni una película, ni un ejercicio frívolo de ficción --ha manifestado el ministro--. Es la vida real, y como bien señalaba hace poco en una entrevista el subdirector del Centro Criptológico Nacional, estamos ante 'una ciberguerra soterrada', que nos obliga a todos a un ejercicio de responsabilidad, rigor".

Para Catalá, "no existen los sistemas perfectos, ni completamente seguros, ni totalmente protegidos" y además el malo no es el sistema sino "quien delinque y malo es quien le muestra al delincuente el camino para delinquir". Además, se mostró abierto a la ayuda y a la colaboración de la comunidad tecnológica.

En todo caso, Catalá ha insistido que el uso de LexNET está acotado a los profesionales, al tratarse de un sistema cerrado en el que no se puede acceder a los cajones de un tercero.

Sobre el funcionamiento de LexNET en general, Catalá ha admitido la existencia de problemas de sobrecarga y lentitud si bien desde el inicio de obligatoriedad de su uso en enero de 2016 hasta el 31 julio de 2017 ha estado disponible 13.600,53 horas, un 98,21% del total del tiempo.

Así, el período de interrupción del sistema no llega a las 250 horas (en concreto, 247,47 horas), de las cuales 107,09 horas han sido por anomalías imprevisibles del sistema por lo que "sólo un 0'75% del tiempo total de funcionamiento el sistema ha fallado por causas sobrevenidas", según ha explicado. Para Catalá "LexNET es mejorable, sí, pero mucho más eficaz que el fax, la carta o entregar papeles por ventanilla.

LexNET

El ministro ha explicado que LexNET es exclusivamente un instrumento electrónico que transmite los documentos desde el profesional hasta el juzgado, siendo estos borrados automáticamente en un plazo de 60 días, y ha aclarado que no se trata de un archivo de expedientes, grabaciones de vistas u otros documentos judiciales.

Asimismo, el ministro ha manifestado la intención de seguir mejorando la funcionalidad, seguridad y prestaciones del sistema y la incorporación de nuevos colectivos profesionales e instituciones. Con ese fin, se está trabajando en un nuevo Escritorio Profesional que ampliará la capacidad de relación y gestión del usuario con la Justicia y supondrá una evolución de LexNET en el futuro sistema de gestión procesal común.

Datos de la Justicia digital

Catalá ha aportado asimismo algunos datos de la Justicia Digital que revelan que el 85% de los órganos unipersonales de todo el territorio Ministerio, con un total de 7.571 usuarios que están trabajando en digital. Esperamos alcanzar el 100% en el primer trimestre de 2018.

Según Catalá, el 100% de audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia del territorio del Ministerio trabajan en digital, al igual que toda la planta judicial de Extremadura, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.

El Supremo ha empezado con Justicia digital en la sala cuarta y las fiscalías (Valladolid y Badajoz) también han empezado a tramitar y relacionarse con la oficina judicial electrónicamente. Además, según ha apuntado, jueces fiscales y letrados firman electrónicamente sus resoluciones: más de 8,5 millones en año y medio.

En cuanto al esfuerzo presupuestario, Catalá ha señalado que desde 2015, de manera ininterrumpida, se viene dotando a las CCAA con una partida de seis millones de euros anuales para que los destinen a proyectos tecnológicos. Precisamente, en el Consejo de Ministros del pasado día 25 de este mes destinó, 55,2 millones de euros autorizados para ser invertidos en mejoras informáticas en el ámbito del Ministerio de Justicia.

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