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La Abogacía pide un estatuto jurídico diferenciado para los mas de 3.000 reclusos con discapacidad mental

Un informe denuncia la falta de hospitales psiquiátricos penitenciarios y la sobreocupación de los existentes.

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Carlos Carnicer Carlos Carnicer

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y su fundación reclaman la creación de un estatuto jurídico diferenciado para proteger a los mas de 3.000 reclusos con enfermedad o discapacidad mental que hay en España, una población que, de media, representa a más del 40% de la encarcelada.

Así lo ha explicado el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, durante la inauguración de unas jornadas monográficas sobre este asunto organizadas por la Fundación del Consejo en colaboración con el CERMI y Fundación ONCE, allí representados por Mariano Casado y Beatriz Rabadán, respectivamente.

En concreto, la Abogacía sostiene que "la efectiva protección del enfermo mental en instituciones penitenciarias requeriría un auténtico estatuto jurídico diferenciado, actuando coordinadamente sobre diferentes cuerpos jurídicos para incorporar las mejores prácticas posibles con la idea de revestir su situación de garantías y derechos que permitieran su más rápida y completa integración en la sociedad".

"Debe haber un estatuto jurídico que nos permita a los abogados mejorar en asistencia jurídica", ha destacado Carnicer, quien ha apuntado que si bien ha habido avances en los últimos años, "las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental han quedado siempre relegadas", pese a que se trata de individuos "en plenitud de derechos".

Casado, por su parte, ha denunciado que el setenta por ciento de los condenados con discapacidad intelectual "no han sido reconocidos ni se ha considerado en todo el procedimiento penal esa situación", aún cuando esto pudiera influir en la condena, y ha reclamado "intervenciones para cada persona", ya que los procedimientos estandarizados "no sirven" en estos casos.

Por eso, en su opinión es "fundamental" formar a los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para promover la detección temprana de estos casos, así como a todos los operadores jurídicos para que sepan defender los intereses de la persona afectada que, en la mayoría de los casos "ni siquiera entiende los papeles que se le ponen por delante" o "quién es el señor de la toga".

La demanda de un estatuto jurídico propio para los condenados con discapacidad o enfermedad mental se extrae de un informe realizado por los expertos de la abogacía del que se desprende que "sólo un estatuto diferenciado permite construir, forzosamente porque el derecho así lo dictaría, un obligado entendimiento entre las administraciones de Justicia, socio-asistencial y penitenciaria, englobando también la obligación de atender el punto de vista del usuario y de la sociedad".

Según explica el informe, este estatuto requeriría de una "nueva definición de cometidos" para cada uno de los estadíos de la situación: los jueces del proceso penal, los responsables de la adopción y ejecución de las medidas de seguridad, los responsables de los establecimientos penitenciarios, los abogados del interno y, "muy especialmente", los facultativos que se encargan de la rehabilitación del preso.

Además, los expertos opinan que sería importante desarrollar una campaña de sensibilización para "contrarrestar" la doble estigmatización que sufren las personas con discapacidad o enfermedad mental sometidas a un proceso judicial, una marca "responsable en parte de que en estas personas como en delincuentes, más que como enfermos, lo que les discrimina gravemente a la hora de acceder a los tratamientos rehabilitadores que necesitan".

El informe reconoce que la crisis "puede estar en el fondo de una escasez de recursos para estos enfermos" pero asegura que es más barato ingresar a la persona en un recurso asistencial que en prisión, ya que la atención sociosanitaria "reduce los comportamientos antisociales" y, por tanto, los gastos de la reindidencia. En la actualidad, el 81% de los enfermos sometidos a medidas de seguridad son reincidentes.

Más de 3.000 reclusos y falta de hospitales

En total, en España se calcula que hay 3.000 reclusos con enfermedad o discapacidad mental, con una prevalencia del 46 por ciento de estos trastornos sobre la población penitenciaria, una tasa cinco veces más alta que la registrada entre la población general, conforme los datos de distintos estudios recopilados en el informe.

De hecho, las personas encarceladas tienen entre 4 y 6 veces más probabilidad de padecer un trastorno psicótico o depresión grave que la población general y alrededor de 10 veces más probabilidad de ser diagnosticados de un trastorno antisocial de la personalidad, conforme señalan los expertos.

"La falta de hospitales psiquiátricos penitenciarios y la sobreocupación que presentan los existentes aconseja la potenciación de los denominados 'protocolos de derivación' con la finalidad de evitar encarcelamientos psiquiátricos innecesarios y mantener en el sistema sanitario general de forma controlada a quienes no deben estar recluidos", explica el informe.

En este sentido, los expertos sostienen que los servicios psiquiátricos penitenciarios deberían formar parte efectiva de la red de asistencia psiquiátrica y social comunitaria de modo que se garantice un tratamiento integral de este colectivo", ya que en su opinión, "la población de riesgo psiquiátrico no puede ser diferenciada según esté dentro o fuera de una prisión".

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