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JUSTICIA

La Abogacía exige la inmediata retirada del proyecto de Ley de Tasas

El Consejo General de la Abogacía propone modificaciones legislativas pertinentes de las ejecuciones hipotecarias y potenciar los centros de asesoramiento y defensa de los afectados por desahucios.

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La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española, reunida hoy en sesión extraordinaria, ha acordado por unanimidad exigir "la inmediata retirada del proyecto de Ley de Tasas Judiciales, que consagra una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de ciudadanos". Esta medida se ha adoptado por "la ineficacia de las reformas acometidas hasta ahora y el muy presumible empeoramiento de la situación con gravísimas afecciones al Estado de Derecho".

Además, los Colegios de Abogados convocarán concentraciones de protesta ante las sedes judiciales el próximo lunes 12 a las 12 de la mañana. La Abogacía pide que el "Ministerio de Justicia aglutine a todos para superar el lamentable estado de la Administración de Justicia", por lo que defiende un Ministerio de Justicia que "aúne voluntades y no las separe, que oiga y que escuche" a todos los operadores jurídicos.

Manifiesto

El texto completo del manifiesto es el siguiente:

"La Justicia necesita un exhaustivo estudio y serio análisis efectuado por quienes la conocen en profundidad, en el día a día de los tribunales, desde el Tribunal Supremo hasta el más modesto Juzgado de Paz de España, dejando ya de lado, de una vez por todas, experimentos o iniciativas improvisadas carentes de eficacia alguna, que sólo tienden a impedir o recortar el acceso de los ciudadanos a la Justicia sin percatarse de que el verdadero problema no son disfunciones puntuales, sino el deplorable estado que sufre la Administración de Justicia.

La hora de las grandes palabras ha terminado hace tiempo y se precisan personas capaces, expertas e imaginativas, que traigan soluciones eficientes y eficaces.

Para ello necesitamos que el Ministerio de Justicia se mueva en esa línea y que aúne voluntades y no las separe; un Ministerio que oiga y escuche; un Ministerio que aglutine a todos en esta labor de empuje para superar el lamentable estado de la Administración de Justicia".

Propuestas de la Abogacía

El CGAE aboga por un "generoso" Pacto de Estado que integre a jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores de los tribunales y consumidores y usuarios, así como potenciar la independencia de los jueces y el buen gobierno del Consejo General del Poder Judicia; una "Fiscalía autónoma y una Abogacía libre e independiente".

La Abogacía también reclama la "participación real y efectiva de todos los operadores jurídicos en la confección de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo". Asimismo, solicita actualizar la regulación contenida en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, adecuándola a la situación actual manteniendo el modelo y atendiendo puntualmente y en todo caso los pagos de las prestaciones realizadas, que son objeto de constantes reducciones porcentuales completamente injustas e indignas.

Los abogados exigen "dotaciones adecuadas" para el buen funcionamiento tanto de la mediación como del arbitraje como formas de solución de conflictos, reduciendo así el colapso judicial y potenciar los centros de asesoramiento y defensa de las ejecuciones hipotecarias y desahucios, procediendo de inmediato a elaborar las modificaciones legislativas pertinentes para superar los "abusos o fraudes" que han venido sucediendo.

Por último, acuerdan acabar con las deficiencias organizativas, con la sobrecarga de trabajo en Juzgados y Tribunales y con las dificultades para la conciliación de la vida profesional y familiar y mejorar permanentemente el servicio a los justiciables con aplicación de la carta de los derechos de los ciudadanos aprobada por unanimidad de todos los Partidos políticos del arco parlamentario el día 16 de abril de 2002.


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