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JUSTICIA GRATUITA

La Abogacía exige a las administraciones “el cumplimiento íntegro y puntual de sus obligaciones”

Tras analizar el servicio de justicia gratuita en diversas comunidades autónomas, especialmente en la de Madrid, el Consejo General de la Abogacía, CGAE, ha recordado a las administraciones públicas la obligación de cumplir sus obligaciones económicas para garantizar la viabilidad del sistema.

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La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española, tras analizar la situación del servicio público de Justicia Gratuita en distintas comunidades autónomas y muy especialmente la que se atraviesa en la Comunidad de Madrid, ha acordado por unanimidad, a propuesta de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita:

1.- Poner de manifiesto una vez más la relevancia del servicio público de Justicia Gratuita que afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos.

2.- Exigir a las distintas Administraciones públicas el cumplimiento íntegro y puntual de sus obligaciones económicas para el sostenimiento del sistema para no poner en peligro su viabilidad.

3.- Apoyar las reivindicaciones que en este sentido se están efectuando por los diferentes Consejos Autonómicos, Colegios y compañeros en estas fechas.

El servicio público de Justicia Gratuita se presta por los 83 Colegios de Abogados de España 24 horas al día, 365 días al año y está atendido por unos 35.000 abogados especializados, con una edad media de 41,5 años y una media de 13 años de experiencia profesional. Diversas comunidades autónomas con competencias transferidas no sólo pagan con retraso este servicio, sino que en algunos casos, como el de Madrid, se deben cantidades correspondientes al último trimestre de 2010 y lo que se ha pagado se ha hecho con cargo a los presupuestos de 2011, lo que anuncia mayores dificultades aún para cobrar los servicios que se vienen prestando a lo largo de este año. Además, en algunos casos, los baremos que se cobran no se han revisado desde hace entre cinco y ocho años.

El Consejo General de la Abogacía Española y su presidente han reiterado en numerosas ocasiones que la ampliación de derechos sociales aprobada por los legisladores, el crecimiento de la población y la grave crisis económica que sufrimos no pueden servir para recortar derechos esenciales para los más desfavorecidos, especialmente el derecho de defensa, ni tampoco lo deben sufrir los que ya han prestado eficientemente ese servicio, es decir, los abogados de oficio. La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano ha urgido en dos ocasiones a las Administraciones Públicas a que "cumplan sus compromisos en este asunto, que es uno de los pilares de la Justicia". Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño ha reiterado también recientemente que el modelo actual funciona bien y no se va a cambiar, aunque al igual que la Abogacía, es partidario de introducir mejoras en su funcionamiento.

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