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GALICIA

El fiscal superior urge pronunciarse a la Audiencia sobre su recurso por la demanda colectiva de las preferentes

Advierte del "riesgo de colapso total" con "30.000 pleitos", lo que evitaría que un único juzgado "se coma el marrón".

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El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela

El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha urgido un pronunciamiento por parte de la Justicia en relación con el recurso presentado por la Fiscalía gallega después de que un juzgado de A Coruña no admitiese a trámite la petición de nulidad de los contratos de las participaciones preferentes y el resarcimiento de los perjudicados, incluida en una demanda colectiva.

Lo ha hecho durante su intervención en la comisión institucional, de administración general, justicia e interior del Parlamento, donde ha presentado a los grupos la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia correspondiente al año 2011.

En su primer turno de palabra, Varela ha ratificado que "agotará todos los recursos que le concede el ordenamiento jurídico" en la defensa de los perjudicados, "sin descartar, si fuera el caso, acudir al Tribunal Constitucional para reclamar la tutela judicial efectiva de los derechos de los consumidores y la legitimitación activa del Ministerio Fiscal para hacerlos valer".

Pero, posteriormente, ha destacado que "la Justicia tiene que pronunciarse" porque tiene el asunto "sobre la mesa". Al respecto de este pronunciamiento, ha opinado que la Audiencia Provincial de A Coruña "tiene que hacer una aplicación no burocrática del derecho y por tanto restrictiva", de modo que legitime a la Fiscalía en la defensa de los consumidores.

Varela cree que "pesó mucho" en la decisión del Juzgado número 11 de A Coruña --que fue el que inadmitió la demanda colectiva-- "ponerse en el escenario de la ejecución" en caso de salir adelante la demanda, puesto que implicaría la devolución de una elevada cantidad de dinero a los titulares de estos productos financieros.

"Ahorradores de a pie"

Novagalicia Banco, a través del arbitraje del Instituto Galego de Consumo, ha devuelto más de 200 millones de euros a unos 11.000 afectados, pero la cifra total se eleva a 43.000 personas --por valor de algo menos de 1.000 millones-- y el fiscal superior ya ha declarado en otras ocasiones que considera que "más del 90 por ciento" de los afectados "tienen derecho a recuperarlo todo", dado que cumplen con el perfil de "ahorrador ordinario".

De hecho, este jueves, en su discurso en la comisión, Varela ha vuelto a denunciar que "hay una práctica abusiva" para con "ahorradores de a pie" y ha llamado la atención sobre la relevancia de lograr "una solución de carácter global" no solo para "jubilados", puesto que, "a la vista de los acontecimientos producidos, la vía judicial es la única salida que les queda a todos los afectados que no obtengan reconocimiento de su derecho por la vía del arbitraje".

Y, a este respecto, ha advertido del "riesgo de colapso total" en los juzgados gallegos si se llegan a presentar "30.000 pleitos" por esta problemática, lo que evitaría, según ha dicho, que una única instancia judicial "se coma el marrón".

El fiscal ha apelado a que "los efectos de esa práctica abusiva siguen vigentes", por lo que ha incidido en que los tribunales, a su juicio, deben actuar "de oficio" para declarar la nulidad de los contratos, de forma que los depósitos de los ahorradores sean "liberados".

Otros productos financieros

Además, ante las demandas de los portavoces de los grupos de la oposición --PSdeG, BNG y AGE--, Carlos Varela ha comprometido "sensibilidad" de la Fiscalía gallega en la defensa de los derechos de los consumidores en otros ámbitos como el de las "abusivas" cláusulas de las hipotecas, aunque ha precisado que no tiene competencias en materia de desahucios.

"Vamos a defender a los consumidores con cualquier otro producto financiero. Tenemos preparada nuestra infraestructura para ello", ha proclamado. Así, ha aseverado que "los pleitos del siglo XXI" son de este tipo, contra "grandes empresas" que prestan servicios y "abusan de su posición de superioridad".

Actuar contra los directivos

Al final de su comparecencia, y ante la petición de la diputada del PPdeG Paulo Prado para que "vaya por la vía penal" si los directivos de las extintas cajas de ahorro cometieron un "delito de estafa" al colocar este tipo de productos híbridos, Varela ha respondido que eso "correspondería" a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Nacional.

No en vano, ha aludido a que el fiscal general del Estado anunció en el Congreso que la Fiscalía Anticorrupción está investigando actualmente si "una entidad" cometió un delito de estafa en la emisión de preferentes, aunque evitó desvelar cuál.

Mientras las parlamentarias del BNG y AGE Tereixa Paz y Yolanda Castro, respectivamente, han valorado la actuación "pionera" y "vanguardista" de la Fiscalía gallega en este ámbito, la portavoz popular ha puesto el foco en la actuación de la Xunta, a la que ha atribuido el "impulso" de la demanda colectiva mediante la disposición de puntos de información para afectados que canalizaron los casos hasta el fiscal.

Ley de mediación

La mediación intrajudicial ha sido otro de los aspectos en los que ha incidido el fiscal superior de Galicia en su comparecencia en la Cámara, donde ha avisado de su "incierto futuro", pese a unos "resultados espectaculares" en la comunidad "si no se garantiza su financiación" --se realiza en Santiago, Ourense y Vigo--.

"Puede morir de éxito", ha advertido, además de reconocer que "falta una ley de mediación autonómica" como habían señalado previamente la nacionalista Tereixa Paz y la diputada del PSdeG Beatriz Sestayo.

Ley de Tasas

Setayo, durante su turno, ha interpelado al fiscal sobre su opinión al respecto de las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón. En concreto, le ha preguntado por la imposición de tasas y la "posible privatización" de "algún registro", ante lo que Varela ha reconocido que le "llama la atención" --el segundo punto-- y que existe "desproporción" en las tasas.

En Portugal y otros países, ha comentado, "hay tasas pero mucho más ajustadas y pensadas para castigar a quien abusa del sistema". De este modo, ha apostado por que "lo ideal" sería su establecimiento "únicamente" para casos de abuso, por parte de "grandes empresas" o de aquellos que buscan dilatar los tiempos de los procedimientos judiciales.

Órgano contra la corrupción

En cuanto a su propuesta de crear un órgano de fiscalización que evite la corrupción política, Carlos Varela ha profundizado en que su idea pasaría por la elaboración de "planes de control de riesgos" en cada departamento de la Administración.

En este punto, ha hecho referencia a la ley estatal de transparencia y ha resaltado que estos mecanismos de control, fiscalizados por el Consello de Contas anualmente, "harían eficaz" la norma.

A modo de analogía, ha señalado que algo similar "pasó" con la ley de prevención de riesgos laborales, ya que "había más accidentes" hasta que se crearon planes y se efectuaron inspecciones en los centros de trabajo.

Petición a la Xunta

Por último, el fiscal superior de Galicia ha reiterado la "vieja reivindicación" de necesidad de coordinación y medios para atender a menores con trastornos, y ha instado a las consellerías de Educación, Benestar y Sanidade a coordinarse con la Fiscalía.

"Buenas palabras siempre hubo", ha reprobado, antes de demandar, "como todos los años", que el trabajo en esta línea "se materialice de una vez".

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