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LEY DEL SUELO

La ADRP pide regularizar la legislación vigente en cuanto a residuos a nivel nacional

La Asociación de Descontaminación de Residuos Peligrosos se ha mostrado preocupada por los cambios de la futura Ley del Suelo

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La nueva Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE implicará la modificación de la actual Ley de Residuos 10/1998. Por ello, la transposición de la directiva europea generará una nueva Ley de Residuos prevista para este mes, si se cumplen los plazos del Programa Legislativo Prioritario anunciado por el Gobierno, que entre otros objetivos debería simplificar y organizar la legislación actual.

En este sentido Asociación de Descontaminación de Residuos Peligrosos (ADRP) se ha mostrado preocupada por los cambios que la nueva ley debiera de incluir y las cuestiones claves que se debieran tratar.

Según la asociación, son muchos y variados los temas que la trasposición de la directiva debería tratar y mejorar, con el fin de regularizar la legislación vigente a nivel nacional.

La Directiva mantendrá el régimen existente de suelos contaminados y derogará las anteriores directivas de residuos, aceites usados y de residuos peligrosos. Con ella se pretende modernizar la legislación para hacerla más ambiciosa y eficaz, sistematizando y clarificando obligaciones y simplificando trámites administrativos, de modo que se garantice la trazabilidad en las operaciones de gestión.

También intenta establecer una nueva política orientada al principio de jerarquía de los residuos, garantizando la protección de la salud humana y del medio ambiente, maximizando el aprovechamiento de los recursos y minimizando los impactos de su producción y gestión.

El texto obliga a las Administraciones Públicas a elaborar programas de prevención de residuos y a elaborar planes de gestión en el ámbito de sus respectivas competencias.

Nuevos conceptos
La nueva ley delimita el concepto de residuos para facilitar el aprovechamiento de los recursos y suprimiendo cargas innecesarias.

Así, las sustancias resultantes de los procesos de producción cuya finalidad no sea la producción de ese producto no serán catalogadas como residuo, sino como subproducto.

De la misma manera, determinados residuos, dejarán de serlo cuando hayan sido sometidos a una operación de valorización, fin de la condición de residuo.

El futuro régimen jurídico introduce también los conceptos de negociante, quien actúa por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, y de agente, que es el que organiza la valorización o la eliminación de residuos por encargo de terceros.

Registro único
Se establecerá un registro único o unificado de gestión de residuos, de tal forma que las comunidades autónomas inscriban las autorizaciones y comunicaciones a un registro de producción y gestión de residuos que será compartido y único para todo el territorio nacional.

Se creará un archivo cronológico en el que se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen y, si procede el destino, la frecuencia de recogida, el medio de transporte y el método de tratamiento previsto de los residuos para todos los que hayan obtenido una autorización o hayan presentado una comunicación a la administración competente.

Estas medidas resultan fundamentales para que las empresas puedan operar en todo el ámbito nacional sin restricciones.

Obligaciones y responsabilidades
El productor es el responsable de que se lleve a cabo el tratamiento de sus residuos y está obligado a mantener los residuos correctamente almacenados, manteniendo las condiciones de higiene y almacenado.

Deberá organizar los residuos peligrosos de tal forma que no se mezclen con otras categorías de residuos, sustancias o materiales, y envasándolos y etiquetándolos conforme a las normas internacionales y comunitarias.

Se vigilará que las empresas que realicen cualquier operación de gestión de residuos estén debidamente registradas o autorizadas, y particularmente las de recogida y transporte de residuos, serán controladas para garantizar que entregan los residuos a instalaciones adecuadas.

Los negociantes y agentes deberán presentar una comunicación a la comunidad donde tengan su sede social.

La futura ley también pretende regular las obligaciones de información sobre la gestión de los residuos al objeto de disponer de datos precisos y fiables para la evaluación de la eficacia de la aplicación de las políticas de residuos.

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